Indígenas de los Altos de Chiapas, entre el acoso del gobierno y el Covid-19

En los Altos de Chiapas, los desplazados tzotziles del municipio de Aldama se encuentran en situación doblemente vulnerable. A los ataques de grupos armados, tolerados por el gobierno estatal, se suman los crecientes riesgos de salud durante la emergencia sanitaria por Covid-19, sin las garantías de atención médica adecuada. La entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México, pone en evidencia que las  comunidades de pueblos originarios son altamente vulnerables, ya que su vida se  encuentra en constante riesgo”, dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Desde el 24 de marzo se intensificó la violencia y dicho Centro ha registrado 47 ataques, que durante la última semana aumentaron y se realizaron de manera sistemática.

Según reportes de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama, grupos armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó utilizan las trincheras de Tok’oy, Pajaltoj, Oxch’om, Slumka, Vale’tik y Tojtik, de las comunidades de Saclum y Santa Martha, municipio de Chenalhó, para realizar disparos dirigidos hacia las casas de Xuxch’en, San Pedro Kotsilnab, Koko’, Tabak, y Chivit en Aldama. Ayer, día 27, la citada Comisión reportó nuevos ataques, que iniciaron durante la madrugada. De acuerdo a sus testimonios, hombres vestidos de negro realizaron disparos desde las trincheras.

El 27 de marzo, las comunidades de Aldama en desplazamiento forzado interpusieron una  solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la “suspensión definitiva de la violencia” de grupos civiles armados que “actúan con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del Estado”. Sin embargo hasta la fecha “las autoridades responsables continúan la omisión”.

La violencia en la franja limítrofe de Aldama con Chenalhó se intensificó en medio de la emergencia sanitaria por COVID 19. Las autoridades han sido omisas en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por un Juez Federal el 28 de marzo, “por lo que se promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, consistente en que se brinde la protección y seguridad que requieren los quejosos”, así como medidas “que garanticen la vida, seguridad e integridad personal de la población de Aldama en situaciones de violencia generalizada y violaciones a los derechos humanos derivadas del conflicto armado”, según reza la resolución del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez (amparo 340/2020) para proteger a estas comunidades.

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