Recicladores y trabajadores de aseo y limpia, los más vulnerables

El 80% de la basura reciclada en América Latina es recolectada por los recicladores.

Esta crisis sanitaria mundial desencadenada por la amenaza de la pandemia del coronavirus Covid-19, ha provocado provocado consecuencias medioambientales, pero también sociales.

El pasado 17 de mayo, que se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje, marcó la oportunidad para plantear algunas reflexiones.

Este año 2020, la celebración tuvo un marco triste, pues la emergencia sanitaria ha forzado el cese del reciclaje en diversos países de la región.

En muy pocos países de América del Sur los recicladores han podido continuar de alguna manera con su tarea. Y en algunos casos de países de la región, como los de Centroamérica, su actividad ha quedado completamente paralizada debido a la crisis sanitaria mundial del coronavirus.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consignados por una puntual reportaje de la agencia noticiosa teutona Deutsche Welle, revela que cerca de 4 millones de personas en América Latina viven de reciclar, recolectar y procesar residuos de papel, plástico, vidrio, metal, cartón y papel.

Y aunque la región produjo un promedio de 231 millones de toneladas de residuos urbanos en 2016, en América Latina se recicla menos del 3% de la basura que se produce y de ese porcentaje, el 80% de los residuos es gestionado por los recicladores.

Estos se concentran mayoritariamente en Brasil, México y Colombia, aunque «tenemos una gran cantidad en Argentina, Chile, contextos medianos de recicladores en Ecuador y en Perú y, en Centroamérica y Bolivia, tienen una cantidad proporcional al tamaño del país».

 

De la estigmatización al coronavirus, un sector con muchos desafíos
El sector se caracteriza por el trabajo informal, aunque existen excepciones.

«En Colombia, de cada diez recicladores, cuatro o cinco están formalizados y esto ha sido debido a la política pública, un marco de normalización muy fuerte que acompaña  el reconocimiento de su labor», recalcó Vivanco agregando apuntando a los esfuerzos de Chile y Ecuador en la formalización del sector. Se trata de una situación que difiere de Centroamérica donde, «solo en Panamá existe una organización legalizada formalmente».

Pero ningún país tiene tan triste panorama como el que presenta México, donde sus trabajadores recicladores son informales, sin niguna garantía de seguridad social ni laboral. Sólo los trabajadores formales de las áreas de aseo y limpia de los ayuntamientos, cuentan con servicio médico y seguridad social y laboral, en estos tiempos de amenaza de neumonía letal, causada por la infección del nocivo virus, que bien puede estar en los desperdicios.

Este último sector, de los gobiernos municipales, representa un estimado de 65 mil trabajadores (recolectores) de la basura.

Pero queda un aproximado de entre 13 y 20 mil trabajadores independientes, concentrados básicamente en las grandes ciudades mexicanas, también llamados «pepenadores», que son quienes hacen el trabajo de separación de la basura (reciclaje) y que no cuentan con la actualidad con ninguna condición de seguridad médica ni laboral.

En algunos de los países de la región -no en México-, además del trabajo en condiciones insalubres y la estigmatización del sector, la aparición del coronovirus ha agregado nuevas dificultades con la prohibición de muchos gobiernos a ejercer esta actividad debido a la crisis sanitaria mundial.

No obstante, el gobierno colombiano, además del de México,  «permitieron  de manera oficial la actividad de reciclaje dentro de las actividades que estaban eximidas de las cuarentenas obligatorias». Una actividad «esencial», según el criterio del gobierno.

«Hay otros países que están caminando a este proceso: El Salvador reabrió operaciones paulativamente para recicladores de oficio en un horario estimado», agregó Vivanco.

En Ecuador, los programas de reciclaje están suspendidos desde hace dos meses y 1,200 recicladores están recibiendo alimentos y manutención para asegurar su subsistencia. Se trata de una medida que también se está llevando en otros países centroamericanos como Panamá, República Dominicana y Costa Rica que se encuentran en la misma situación.

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